La realidad duele, y más cuando golpea a los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad. La Arquidiócesis de Córdoba, en un trabajo conjunto con la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (CADEPRIS) y diversos prestadores del sector, ha encendido las alarmas comunitarias al alertar sobre una profunda crisis humanitaria. Tras una conmovedora reunión convocada por la Vicaría de los Pobres y la Pastoral de la Salud, las instituciones y las familias unieron sus voces para visibilizar un proceso social “involutivo” que daña directamente la dignidad de las personas.
Más allá de los fríos balances económicos, el diagnóstico compartido revela una desatención que cala hondo en lo humano. Los participantes denunciaron la consolidación de una dolorosa “cultura del descarte”. En medio de la falta de respuestas estatales, las familias compartieron el enorme desgaste que sufren al verse obligadas a abandonar su rol de contención afectiva para transformarse en “guerreros” frente a un sistema que invisibiliza sus reclamos. “No nos duele sólo lo económico, nos duele el abandono que conlleva y el desamparo de miles de vidas”, manifestaron con profunda tristeza.
La asfixia financiera se traduce en datos alarmantes. Existe un retraso crítico por parte del Gobierno Nacional en los pagos del programa Incluir Salud: a las puertas de julio de 2026, los prestadores recién están percibiendo los fondos correspondientes a enero. Esta situación extrema impide a las entidades afrontar el pago de sueldos y aguinaldos de sus trabajadores, lo que repercute directamente en la continuidad de las terapias de los pacientes. Lejos de dar soluciones, la Nación exige nuevos requisitos administrativos para renovar convenios sin resolver la deuda previa, incurriendo en un flagrante incumplimiento de la Ley Nacional de Discapacidad.
Ante este escenario, referentes de CADEPRIS como Carolina Armeloni, Fernanda Castello Rojo y Verónica Antunes , junto a la organización Converger y la Dra. Marité Puga , instaron a las autoridades a reaccionar de forma inmediata. Exigen que el Estado garantice la sostenibilidad de las prestaciones esenciales y evalúe con urgencia cómo sus decisiones de recortar y desfinanciar impactan en el día a día y la salud de los más vulnerables. El compromiso colectivo sigue firme: ya se planifican nuevos encuentros para coordinar acciones de visibilización, porque la dignidad de las personas no puede esperar.
Comunciado 24.06-26 – Situación de emergencia en discapacidad
